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LOS ÁNGELES, CALIFORNIA. El gobierno del presidente Donald Trump deberá presentar todos los documentos relacionados con su decisión de cancelar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), determinó una corte de apelaciones de California.
Dos de los tres jueces miembros de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito coincidieron este jueves en que el gobierno federal debe presentar «todos los documentos» referentes a quienes asesoraron a la directora interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke, en su decisión de poner fin a DACA, medida anunciada el 5 de septiembre.
«Dicho sin rodeos, la idea de que el director de una agencia estadounidense decidiera dar por terminado un programa que brinda protección legal aproximadamente a 800,000 personas basándose únicamente en 256 páginas de documentos disponibles al público no es creíble», escribieron los jueces Kim Wardlaw y Ronald Gould al anunciar su decisión.
La posición de la Corte de Apelaciones va en contra de la postura del Departamento de Justicia en su apelación a una decisión del juez de Distrito William Alsup que ordenaba presentar todos los documentos.
En su apelación, el gobierno federal alegaba que los materiales que no son relacionados directamente con la demanda son irrelevantes y no deben ser incluidos.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, aplaudió la decisión de la Corte de Apelaciones al destacar que «nos pone un paso más cerca de mantener a la administración responsable de su decisión de rescindir DACA».
«Nuestros soñadores DACA merecen saber que lucharemos por ellos en todo momento por sus derechos y oportunidades, para que puedan continuar contribuyendo a Estados Unidos», anotó Becerra en un comunicado.
Jueces descartan privilegios
De igual forma, los dos jueces descartaron el argumento de que los documentos de la Casa Blanca estaban protegidos por el privilegio ejecutivo, citando una decisión previa de la Corte Suprema de Justicia.
El tercer integrante de la Corte de Apelaciones, el juez Paul Watford se opuso a que estos documentos internos fueran hechos públicos al argumentar que ello podría interferir en los debates internos de la administración federal en decisiones mayores sobre políticas a seguir.
La demanda por poner fin a DACA fue presentada entre otros por la Universidad de California, la ciudad de San José y el condado de Santa Clara en California, y los estados de Maine, Minesota y Maryland y tiene como demandante principal a California, donde hay más de 200,000 dreamers (como se les conoce a los beneficiarios de DACA), siendo el estado con el mayor número del país.
