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El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom fue detenido por peculado y fraude este martes.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público están llevando a cabo una serie de allanamientos y capturas en distintos puntos del país ligados al caso “Transurbano”, que tiene con la adquisición de una flota de buses que funcionan en la Ciudad de Guatemala.
Juan Francisco Sandoval de la Fiscalia Especial Contra la Impunidad (FECI) en Guatemala en declaracionesen medios locales confirmaron la captura. Sandoval indicó que entre los capturados también hay exmiembros de su gabinete.
«Se confirma por medio de una fuerte que se desarrolla un allanamiento en la residencia del expresidente Álvaro Colom. Según lo indicado existe una orden de captura contra el exfuncionario», indicó en su cuenta de Twitter Emisoras Unidas de Guatemala.
Tras su detención, las autoridades del Ministerio Público y de la (Cicig) allanaron la casa de Álvaro Colom en zona 14.
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También capturaron esta mañana a su exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, y a su exministro de Gobernación, Salvador Gándara.
El Transurbano tiene que ver con el modelo de transporte urbano implementado en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
¿Quién es Álvaro Colom?
Álvaro Colom Caballeros nació el 15 de junio de 1951. Es un ingeniero, empresario y político guatemalteco. Ejerció la presidencia de Guatemala en representación del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) tras ganarle a Otto Pérez Molina con una ventaja de 5.36%, según la cifras del tribunal electoral.
Fue uno de los 2 candidatos en alcanzar la segunda vuelta de la elección presidencial de Guatemala el 9 de septiembre de 2007.
El expresidente Colom fue enviado recientemente a Honduras por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que sirvera como observador en las pasadas elecciones y, además, la OEA lo nombró como mediador de un diálogo Maccih-Honduras.
¿Qué ha dicho la Cicig sobre el exmandatario guatemalteco?
Después de haber ganado la segunda vuelta electoral en los comicios electorales de Guatemala de 2007, y haber tomado posesión el 14 de enero de 2008 el presidente comenzó a enfrentar los principales problemas del país como lo son la inseguridad y la pobreza.
En un reporte de la Cicig sobre financiamiento de partidos políticos, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala detalla cómo el dinero que financia la política guatemalteca es ilícito pues al no registrar los orígenes del finaciamiento y al aceptar recursos de fuentes oscuras, la mayoría de partidos estaría traspasando la frontera legal.
De acuerdo con la Cicig, en cada gobierno puede identificarse recaudadores que posteriormente han tenido una fuerte influencia en el Ejecutivo.
Por ejemplo, durante el gobierno de Álvaro Colom, Gustavo Alejos fue nombrado secretario privado de la presidencia, desde donde logró una importante influencia política y convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos.
La Cicig sostiene que Alejos había sido financista y operador de Colom durante las campañas de 2003 y 2007 e influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios. Durante este período, las empresas vinculadas con él fueron beneficiadas por contratos públicos y su hermano y padre fueron nominados como candidatos a diputados por la UNE.
¿En qué consiste el caso transurbano?
Según el diario Prensa Libre de Guatemala, en marzo del 2010 una Municipalidad adjudicó 109 rutas de transporte público en la capital de Guatemala, por 25 años, a las empresas Rutas Metropolitanas, Expansión Corporativa Milenium, Concesionarios del Transporte y Tendencias Modernas Latinoamericanas.
Cuatro meses antes, en noviembre del 2009, la UNE presentó una iniciativa de ley con el fin de exonerar de impuestos la compra de los nuevos buses. Esta ya incluía los nombres de las empresas favorecidas con las 109 rutas.
La Comisión de Finanzas era dirigida en ese momento por el excandidato presidencial Manuel Baldizón.
Se detalló que en el 2012, los transportistas suscribieron con el Ministerio de Comunicaciones los convenios 01-2012DSM; 02-2012DSM y el 03-2012-DSM, el 19 de abril, 31 de julio y 4 de septiembre de ese año, respectivamente, por Q70 millones cada uno, para ejecutar un total de Q210 millones que incluían el combustible, la contratación de servicios de seguridad y los costos de operación.
El pago del subsidio se basó en informes diarios sin que existiera un procedimiento administrativo de control, de acuerdo con los auditores.
