Medidas cautelares para los cinco diputados acusados por malversación
los diputados Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia.

Medidas cautelares para los cinco diputados acusados por malversación

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras dictó este jueves medidas cautelares a los cinco diputados y tres miembros de una Organización No Gubernamental (ONG) acusados por el delito de malversación de caudales públicos.

Juez Natural, no obstante, ordenó suspender a los diputados en ejercicio de su cargo en el Congreso Nacional de Honduras e imponer seis medidas cautelares.

«Tanto el Ministerio Público (MP) como defensa se manifestaron conformes, por lo que no se interpuso ningún recurso», señaló el Poder Judicial a través de su cuenta en Twitter.

La audiencia inicial para los diputados Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia se fijó para el próximo 11 enero de 2018.

Investigación

Según el Ministerio Público (MP) , los diputados y la diputada solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, estos eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados.

Los diputados y diputada implicados en esta Red recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES E INDUSTRIALES DE BARRIOS Y COLONIAS DE HONDURAS (ANPIBCH), ente que recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por L. 3´300,000, el 14 y 21 de diciembre de 2015.

En total se trasladó a dicha ONG L. 8´300,000, incluyendo fondos del Congreso, cuyo destino sigue en investigación.

El MP y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), han seguido la ruta del dinero y se ha comprobado que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se habría perfeccionado el delito de malversación de caudales públicos.

La estructura de la red de diputados involucrados incluyó la participación de otras personas, entre quienes figuran Jeremías Castro Andrade, Tesorero de la ONG; José Napoleón Panchamé Banegas,Director Ejecutivo de la ONG; y, Geovanny Castellanos Deras, gestor de las operaciones.

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