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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, cuestionó que aún persista la falta de diálogo así como el uso inmoderado de la fuerza y de gases lacrimógenos con consecuencias negativas sobre la integridad y la salud de las personas.
Indicó que ante la prolongación de los actos de protesta social, ha coordinado y ejecuta, con instancias y organismos nacionales e internacionales y con la colaboración de organismos no gubernamentales, medidas de prevención y protección de los derechos humanos.
Agregó, que ha tenido aproximaciones crecientes, con autoridades y líderes de las manifestaciones, a nivel departamental y nacional, y de esa forma se ha logrado facilitar la interlocución entre ellos.
En la mayoría de los departamentos de Honduras, las manifestaciones se realizan pacíficamente, con diálogo y respeto mutuo, entre manifestantes y autoridades, y la consideración debida a los derechos humanos de terceras que no participan en las marchas.
Sin embargo, lamentó que aún no se logra que esas responsabilidades y compromisos se concreten principalmente, en ciertas ciudades de algunos departamentos del país.
Hemos podido constatar que, por parte de algunas autoridades, aún persiste la falta de diálogo así como el uso inmoderado de la fuerza y de gases lacrimógenos y la estigmatización de personas.
Declaró que ese tipo de situaciones trae consigo consecuencias negativas sobre la integridad, salud y libre ejercicio del derecho de cada persona a reunirse, expresarse y manifestarse pacíficamente y sin armas.
El ombudsman hondureño también se refirió al papel de ciertas personas que participan en las manifestaciones en las que se han evidenciado casos de falta de respeto a la autoridad y hacia terceras personas que no tienen nada que ver con los actos de protesta.
Esas acciones también ocasionan daños a la integridad, a la seguridad, a la libre expresión, a la propiedad y a la libre circulación, preciso.
Herrera Cáceres recordó a los miembros de la Policía Nacional y Militar que su primera obligación constitucional es proteger y respetar los derechos humanos de la población.
Exhortó a las autoridades y manifestantes a continuar en el proceso de interlocución para dar efectividad plena a los derechos humanos de reunión, manifestación y libre expresión.
Los liderazgos políticos deben evidenciar su voluntad y compromiso real con el diálogo socialmente esperado que impulse la democratización genuina del Estado, propiciando compromisos vinculantes, recomendó.
El titular del CONADEH instruyó a sus delegados regionales y departamentales que continúen con el papel de facilitadores de la interlocución entre manifestantes y los cuerpos de seguridad del Estado para evitar que continúen los actos de violencia que pongan en riesgo la integridad física y la vida de las personas.
En sus diferentes informes, el CONADEH ha solicitado al Ministerio Público que efectúe diligentemente las investigaciones conducentes a identificar la verdad de lo ocurrido en las muertes, atentados contra la integridad personal y vulneraciones de otros derechos humanos, como producto de la violencia post – electoral, y a formular los requerimientos correspondientes, para evitar su impunidad.
