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Rafael Correa se juega todo el próximo domingo 4 de febrero. Una papeleta con siete preguntas perfilará su legado y su futuro. Ese día el pueblo ecuatoriano volverá a la urnas por tercera vez en menos de un año, tras las elecciones de 2017, para decidir si permite a su expresidente volver al poder algún día o si le cierra las puertas para siempre.
La consulta popular, convocada por el presidente Lenín Moreno, se ha reducido a un pulso entre el líder histórico de la Revolución Ciudadana y su sucesor, obligando a la población a elegir entre dos padres divorciados.
La tensión ha ido elevándose en la recta final de la campaña entre quienes apoyan el sí y se declaran seguidores de Moreno y entre los fieles al correísmo que ven peligrar el regreso de su líder. A su paso por ciudades y pueblos, Rafael Correa ha tenido que enfrentar manifestaciones de odio, e incluso agresiones, que rara vez encaró como presidente de Ecuador.
Le han llovido huevos e insultos. También le han bloqueado con manifestaciones las calles principales de algunas poblaciones para evitar que llegue a zonas donde era bienvenido por unos y repudiado por otros, como reflejo del ambiente polarizado con el que cedió el poder a Moreno en mayo de 2017.
Su sucesor, en cambio, respira en una atmósfera de tranquilidad que ha interrumpido esta semana, voluntariamente, para dar el impulso final al sí. Hasta ahora, era la vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, quien lideraba la promoción de la consulta. Moreno se ha incorporado ya a la caravana para asegurar la tendencia que muestran las encuestas. Todas las encuestadoras —Cedatos, Click y Diagnóstico— le dan una amplia ventaja al sí en todas las preguntas, cosechando un respaldo que va desde el 59% al 84% dependiendo de la cuestión. La que propone la muerte civil —inhabilitación vitalicia para ejercer cargo público— para los funcionarios corruptos es la que cosecha resultados más contundentes, como respuesta a las incontables investigaciones que han surgido en apenas medio año contra responsables de la Administración anterior. La menos convincente se refiere a la derogación de la ley de plusvalía, aprobada por Correa con fuerte oposición en 2016, para gravar con impuestos la especulación inmobiliaria.
Ninguna de las preguntas se inclina, según los sondeos, hacia la posición correísta, pese a que el exmandatario regresó a principios de enero a Ecuador para liderar una intensa campaña por el no que le mantiene desde entonces «gastando suela», como dicen sus aliados. Correa ha recurrido a casi todas las alternativas para intentar frenar la consulta popular. Pese a criticar un “bloqueo mediático”, ha acudido a entrevistas en radios y televisiones -no, en prensa escrita- a las que siempre se negó a atender y criticó cuando era presidente de Ecuador. «No tenemos publicidad. Recién hace dos días han salido las primeras cuñas por el no, porque el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) nos tenía bloqueados y apenas hemos logrado pasar spots de apenas 20 segundos», denunció.
Con su campaña de rechazo, se ha convertido en el principal opositor de Lenín Moreno, de la consulta y del Gobierno. No ha dejado de repetir su máxima electoral: no a las preguntas 2, 3 y 6 y, ya de paso, a todas las demás. La «número 2» se refiere a la reelección indefinida; la sexta, a la ley de plusvalía; y la tercera propone retirar de sus cargos a las autoridades de control nombradas durante el correísmo. Es la más polémica.
Si pasa la consulta, el fiscal general, el procurador del Estado, el contralor general, el defensor del pueblo y todos los superintendentes podrán ser sustituidos por un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que será elegido por la Asamblea a propuesta del presidente. Con esta reforma, Moreno pretende depurar los cargos de responsabilidad de quienes fueron nombrados durante el Gobierno de Correa.
Pero para el exmandatario, se trata de una artimaña con la que Moreno quiere designar a autoridades afines a sus propios intereses políticos. Es uno de los argumentos con los que Correa acudió a la Organización de Estados Americanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando que la consulta representa una «alteración del orden democrático». La vicepresidenta Vicuña fue tajante ante la solicitud de información: «Este proceso está apegado a Derecho, a lo que establece la Constitución y cuenta con legitimidad porque es el resultado de un proceso de diálogo nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene carácter vinculante».
Correa, que aparece como votante empadronado en Bélgica, también ha buscado el apoyo de la izquierda española (Podemos e Izquierda Unida) para convencer a los migrantes ecuatorianos con la argucia de que si la consulta popular sale adelante, ellos volverán a ser desahuciados de sus casas por los bancos. A sabiendas de que en España, reside el 44% de los votantes en el exterior y la mayoría votó por Alianza PAÍS en las elecciones presidenciales del año pasado.
Los demás partidos, incluidos conservadores y progresistas, se han alineado con la propuesta oficialista pero manteniendo las distancias. El movimiento CREO, por ejemplo, recuerda que la idea de convocar una consulta popular para eliminar, entre otras cosas, la reelección indefinida fue una propuesta electoral de su candidato, Guillermo Lasso. Mientras, la facción correísta de Alianza PAÍS, ahora despojada de su marca Revolución Ciudadana, está en trámites de crear un nuevo partido, un logo y un nombre que, sea como sea, llevará las iniciales RC, de Rafael Correa.
(Fuente: El País – España)
