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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), máxima autoridad en la materia, ha anunciado que el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llevó a Jimmy Morales al poder en las elecciones de 2015, queda suspendido administrativamente, por lo que no podrá realizar ninguna actividad política.
El FCN-Nación debía cancelar 60.000 dólares al TSE por varios delitos relacionados con la financiación de su campaña política, multa que debería ser solventada, como fecha tope, el 31 de agosto.
Al imponer la sanción se detalla, entre otros delitos tipificados en la ley de la materia, que el partido no presentó los informes mensuales de gastos de campaña ni los informes bimestrales de ingresos; que existen errores en los datos y cifras, falta documentación contable sobre ingresos y se ha obstaculizado las labores de auditoria y revisión de documentos en la sede de la organización, entre otras infracciones. Violaciones que, precisamente, son las señaladas tanto por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como por la Fiscalía, en su petición de despojar de la inmunidad a Morales para poder investigado y procesado.
Para Edgar Celada, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, esta situación agrava la crisis política por la que atraviesa Guatemala desde que Jimmy Morales decidiera, de manera unilateral y la margen de la ley, declarar non grato al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y ordenara su expulsión del país. El Constitucional enmendó la plana al mandatario.
«Este anuncio hace que el mandatario baje un escalón más en el proceso de una crisis política muy complicada (…) El Gobierno, al margen de la manera cómo se resuelva la problemática actual, quedará muy debilitado. La soledad del presidente se incrementa. Hay un proceso creciente de erosión de los respaldos sociales y políticos al gobernante», puntualiza el analista para añadir que crece la sensación de que será muy difícil que la administración de Morales logre terminar su periodo constitucional.
En horas de la tarde del pasado viernes, la Corte Suprema de Justicia anunció que el próximo lunes conocerá tres de las cuatro demandas interpuestas contra Jimmy Morales, derivadas de su afán por defenestrar a Iván Velásquez. Si los magistrados encuentran indicios suficientes de la comisión de los delitos de los que se le acusa, enviará el expediente al Congreso (unicameral) donde los diputados, tras integrar por sorteo una comisión pesquisidora, votarán si quitan la inmunidad al gobernante. Para llegar a tal decisión se necesita de un coto favorable de las dos terceras partes del Legislativo de 158 escaños, por lo que llegar a los 105 votos necesarios parece muy complicado.
(Fuente: El País)
